El presente documento tiene por objeto sintetizar la experiencia de América Latina y el Caribe con los programas de transferencias condicionadas, o scon corresponsabilidad{esc}g3{esc}s (PTC), a lo largo de más de 15 años. Durante este tiempo, estos programas han logrado consolidarse en los distintos países de la región y se han difundido como un instrumento privilegiado de la política contra la pobreza. Según la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe de la CEPAL, los PTC operan en la actualidad en 18 países de la región y benefician a más de 25 millones de familias (alrededor de 113 millones de personas), es decir, el 19% de la población de América Latina y el Caribe, a un costo que ronda el 0,4% del PIB regional. La estructura básica de los PTC consiste en la entrega de recursos monetarios y no monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema que tienen hijos menores de edad, con la condición de que estas cumplan con ciertos compromisos asociados al mejoramiento de sus capacidades humanas. A pesar de los debates aún inconclusos sobre la idoneidad de estos programas y sus resultados en distintos ámbitos, se ha planteado que pueden representar un paso importante para poner a las familias pobres e indigentes con niños en edad escolar en contacto con sistemas de protección social más amplios e integrales. En este documento, que se espera sirva de base e insumo para la discusión y el avance hacia la construcción de sistemas de protección social fundados en las nociones de inclusión y universalidad de los derechos, se brinda información detallada sobre los distintos componentes de los PTC. Además, se revisan las principales características de los programas en cuanto a la definición y el registro de destinatarios, los mecanismos de focalización utilizados, los diversos tipos de prestaciones que ofrecen y las condicionalidades que los acompañan. Se analiza, asimismo, la evolución histórica de los indicadores de inversión y cobertura de los PTC, y la información disponible respecto de sus efectos en distintos ámbitos. Por último, se hace un balance de la experiencia y los principales desafíos que estos programas presentan en materia de sostenibilidad, marco legal, rendición de cuentas, participación, institucionalidad e intersectorialidad.